En la preparación de un viaje, el momento de hacer las maletas suele ser la parte que más cuesta arriba se hace: que todo quepa, acordarse de los imprescindibles para el equipaje de mano, comprobar que cumple las medidas o preguntarse si cobrarán un extra por ese bulto. En definitiva, un verdadero quebradero de cabeza.
“Un equipo, dos marcas, cinco vehículos”. Así ha resumido este jueves Jim Baumbick, presidente de Ford Europa, el objetivo de la alianza con el grupo chino Geely, presentada en la planta valenciana que abrió la firma estadounidense en Almussafes hace 50 años. Se trata de una nueva empresa conjunta (joint venture) en la que Ford será titular de un 66% y el fabricante asiático, propietario también de marcas como Volvo o Smart, de un 34%.
Las gruesas palabras de la ministra de Ciencia y líder valenciana del PSPV-PSOE, Diana Morant, —llegando a comparar el “camino” de Alberto Núñez Feijóo por las coaliciones de PP con Vox con los “gobiernos criminales” del dictador Adolf Hitler— han sido censuradas ya por el PP, que exige responsabilidades al más alto nivel. El principal partido de la oposición pide la dimisión inmediata de la dirigente socialista, quien, este miércoles, mientras se debatían en Valencia los Presupuestos autonómicos que incorporan la “prioridad nacional” pactada por populares y la extrema derecha, se refirió al nazismo y respondía así en TVE: “El Gobierno de Hitler tuvo mucha afección en la ciudadanía, muchos alemanes siguieron ese discurso, que después fue una dictadura, pero empezó como una democracia. Y Alberto Núñez Feijóo se equivoca, está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler”. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha desmarcado de estas declaraciones.
La Unión Europea ha aprobado este jueves nuevas sanciones a Rusia por su guerra contra Ucrania. Tras varias semanas de debates, después de rebajar el alcance de las medidas por las exigencias de varios Estados miembros y el veto inicial de Grecia —que reclamó concesiones a su industria naviera—, los representantes de los Veintisiete han dado vía libre al llamado paquete 21 de restricciones. Un bloque de sanciones que estrecha el cerco sobre la industria y la economía rusas para tratar de ahogar su esfuerzo de guerra.
En España se hace notar ya el giro sociológico a la derecha. Resulta curioso que los dos momentos en que ha habido mayor repliegue últimamente en nuestro país hayan girado alrededor de la visita del Papa León XIV y de la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol. Es decir, instituciones que hasta hace poco se creía que eran de derechas. Aunque obviamente ni la fe católica ni el patriotismo van tan de ideologías como se cree el imaginario woke, el momento actual sirve para explicar algunos de los desacomplejamientos de Junts, el Partido Popular o Vox, a lomos del giro que parece estar dando nuestro país políticamente. No es casual que Alberto Núñez Feijóo se aventure a abrir debates como el absentismo laboral o la concesión de nacionalidades, mientras que Isabel Díaz Ayuso habla del concebido no nacido o Vox hace lo propio con la “prioridad nacional” y Junts se niega a apoyar más regulaciones de la izquierda en materia de vivienda. Lo que hasta no hace mucho habría sido para la exaltación de unos pocos, hoy son los temas de discusión que más movilizan a esa parte de la ciudadanía, pese a la polémica que acarrean entre el progresismo.
La demora en el despliegue completo de la ley de amnistía puede acarrear un coste económico para las finanzas de España. Así lo sostiene Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, y así lo plantea en la denuncia que ha elevado a la Comisión Europea para impugnar lo que califica de “argucia obstructiva impropia” por parte del Tribunal de Cuentas, con el fin de bloquear el perdón judicial a Puigdemont y a otros ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos el expresidente Artur Mas, que fueron inculpados por los gastos del procés. El “incumplimiento deliberado” de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro “afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta”, recoge el escrito presentado por el letrado, y advierte que tiene a su favor la opción de reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Fundamenta la pretensión en “la responsabilidad patrimonial del Estado” frente a los particulares “por las violaciones del Derecho de la Unión imputables a sus órganos jurisdiccionales”.
El Gobierno propone a Yolanda Díaz como directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según ha podido saber EL PAÍS por fuentes conocedoras de la decisión y ha confirmado La Moncloa este jueves. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo plantará cara a Gilbert F. Houngbo, que dirige desde 2022 la agencia de la ONU dedicada a las relaciones laborales. Los sindicatos españoles vienen criticando la “deriva trumpista” del organismo bajo la dirección del togolés, mensaje en el que profundizó Díaz en su última intervención en la sede de la OIT, en Ginebra (Suiza). “La OIT está en crisis y es relevante porque lo que está en juego es su mandato. Si el trabajo no es una mercancía, tampoco puede serlo la organización que representa el trabajo”, dijo el 9 de junio la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
