Con su pacto en Extremadura, PP y Vox han hecho saltar a la fama la prioridad nacional. Lo paradójico es que la propuesta forjada e impuesta por el partido de Abascal se ha materializado en una comunidad autónoma con un 4,1% de población inmigrante, muy por debajo del 14% global de España. Y ha logrado su objetivo: el PP se ha hecho con la presidencia de la Junta a costa de asumir sin pestañear el discurso de Vox. El fin justifica los medios. Si es preciso se cabalga sin complejos éticos a lomos de la ascendente arenga xenófoba.
El mundo está pendiente de Ormuz. El doble bloqueo del tráfico marítimo declarado por Irán y Estados Unidos mantiene interrumpido un 30% de los suministros de energía y un 10% del comercio, daña directamente a los opulentos emiratos petroleros y lastra la economía mundial, pero también somete a Irán a un asedio comercial que le priva de ingresos del petróleo y dificulta las importaciones de bienes de primera necesidad. Es, por tanto, un arma de doble filo, que pone a prueba la resistencia al dolor de quienes la usan y a la vez la sufren. Si no se llega pronto a un acuerdo aceptable para ambas partes, ganará quien tenga más capacidad de aguantar y, por tanto, más voluntad guerrera.
El debate sobre la “prioridad nacional” ha acabado convirtiéndose en el símbolo más visible de las concesiones del PP a Vox para poder gobernar allí donde necesita sus votos. Hoy es en las comunidades autónomas de todos conocidas; pero, por lo ya trascendido, todo indica que seguirá siendo el precio a pagar en el caso de una victoria de los populares en las próximas elecciones generales. La parte buena es que ya estamos avisados; la mala, que todavía no sabemos con precisión en qué se vaya a concretar. Y si lo ignoramos es porque el PP es consciente de que se trata de un asunto sensible, con claras implicaciones morales. Ahí está la reacción de los obispos y de diversas voces asociadas a la derecha. Por eso se aferra a la idea del “arraigo” más que a la de prioridad “nacional” —en sentido estricto— para justificar el acceso a prestaciones sociales. O la necesidad de “ajustarse a la ley” y a la Constitución.
Sandra Golpe llega tarde a la cita en la Redacción de su informativo porque la están peinando, literalmente, y, en el atasco de las 11 de la mañana en la sala de peluquería y maquillaje de Atresmedia, con la parrilla ardiendo entre debates y programas varios, no hay prioridades que valgan. Cuando por fin llega, se deshace en disculpas y sucede lo imprevisto: su equipo en pleno, mujeres y hombres, se levanta para arropar a la jefa ante la visita, en un gesto nada habitual en un medio de comunicación cuyos profesionales están acostumbradísimos a la presencia de cámaras y de periodistas propios y ajenos. Después, charlamos sin pausa, pero con prisas. El reloj ya pasa de mediodía y empieza la cuenta atrás para que empiece el informativo, así que Golpe, profesional y cercana, habla cual metralleta sin dejar de mojarse cuando toca, a pesar de que alguien ha considerado necesaria la presencia de una persona del equipo de comunicación en la charla. Cuando habla de su familia, le aflora el acento de su tierra, Cádiz. Le acaban de dar la Medalla de Andalucía.
Sandra Golpe (Cádiz, 51 años) quería ser periodista de periódicos, pero el primer contrato serio que consiguió, por el salario mínimo, fue en una tele local, y ahí sigue, en la televisión, solo que ahora, 30 años después, es directora y presentadora del informativo de Antena 3, el más visto de todas las televisiones, con cuotas de pantalla cercanas al 25%. Tras pasar por CNN+ y todos los escalones de Atremedia, sigue esperando, cada día, que una última hora le reviente la escaleta.
El Govern y Comuns han reactivado los contactos para allanar un futuro acuerdo presupuestario, a la espera de que el Ejecutivo cierre primero un pacto con Esquerra, imprescindible para garantizar la mayoría en el Parlament. El movimiento prepara el terreno para que, si finalmente llega la luz verde republicana, las negociaciones con el Ejecutivo se concreten lo antes posible. Los comunes pretenden poner el foco en las políticas de vivienda y reclaman la creación de una Dirección General de Disciplina de Vivienda que centralice a los inspectores que deben aplicar el régimen sancionador contra el fraude en el alquiler.
La frustración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la reunión con el resto de líderes de la cumbre de Chipre este viernes era evidente. Tres días antes había comprobado que la propuesta conjunta de España, Irlanda y Eslovenia de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel por violar el derecho internacional volvía a encallar en el Consejo de la UE de Asuntos Exteriores. La situación se repetía la noche anterior, el jueves: “Desgraciadamente, hay Gobiernos que están a favor, otros Gobiernos que están en contra. No hay unidad al respecto”. Es decir, no hay mayoría suficiente, venía a decir el mandatario español, sobre uno de los elementos más divisivos en el seno de la UE: las relaciones con Israel y cómo actuar frente a la ocupación del sur del Líbano desde hace semanas, la norma que permite condenar a muerte por defecto a los palestinos sentenciados por terrorismo o las decenas de miles de muertos en Gaza en los últimos tres años.
La victoria de Giorgia Meloni en las elecciones de 2022 se debió sobre todo a la división de la izquierda, que al contrario que la derecha no fue capaz de formar una coalición en un sistema electoral que las premiaba. Fue la puntilla a la crisis del Partido Democrático (PD), que en busca de un nuevo liderazgo convocó unas primarias en febrero de 2023. Por sorpresa, las ganó Elly Schlein (Lugano, Suiza, 40 años), que no era la candidata del aparato del partido y fue una apuesta más de izquierda, joven, del activismo a pie de calle, de una base que quería un cambio.
“¿Por qué cree el primer ministro que las acciones de todos los demás deben tener consecuencias, pero las suyas no?” El 20 de abril de 2022, el entonces líder de la oposición laborista, Keir Starmer, acorralaba con esas palabras en el Parlamento británico a un Boris Johnson en declive, incapaz de superar el escándalo nacional que supuso el partygate, las fiestas prohibidas en Downing Street en medio del confinamiento.
El Museo del Louvre le encargó tres obras, Wim Wenders dedicó varios años a grabarle un documental y, cuando tuvo que ponerse a escribir un reportaje sobre él, Karl Ove Knausgård no pudo reprimirse: ya desde el titular, su pieza para The New York Times afirma que Anselm Kiefer es “el más grande de los artistas vivos”.
