Donald Trump lleva meses tratando de buscar una salida a una trampa que cavó con sus propias manos. La guerra contra Irán, con objetivos poco claros y un desenlace aún más incierto, se ha cruzado de lleno en su camino hacia las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, con las encuestas dando claramente la espalda a su partido, el republicano, y una queja generalizada: lejos de bajar, como prometió en campaña, el coste de la vida no ha dejado de subir. Con el ardor bélico como gran catalizador.
El Partido Socialdemócrata ha sido la fuerza más votada en todas las elecciones parlamentarias celebradas en Suecia desde 1917. Los sondeos apuntan a que volverá a ganar las de este domingo con un amplio margen. No obstante, su regreso al poder tras cuatro años en los que ha gobernado la derecha, que hace pocas semanas parecía prácticamente garantizado, se ha convertido en una gran incógnita tras el final de la campaña electoral. Las encuestas pronostican ahora un resultado muchísimo más ajustado.
El mundo adquiere una creciente consciencia de los peligros del desarrollo de la inteligencia artificial (IA), desde el aterrador riesgo de extinción de la humanidad hasta la perspectiva de estragos en los mercados laborales, el impacto cognitivo y de salud mental, las amenazas para las democracias y la privacidad, los problemas de seguridad militar y civil, la inmensa concentración de poder y riqueza en pocas manos, entre muchos otros problemas. Abundan desde hace años las voces que alertan sobre estas amenazas, y en las últimas semanas el coro se ha intensificado sobre la base de nuevas inquietantes evidencias. De la mano de la concienciación, avanza a escala global una multiforme resistencia cívica contra una carrera tecnológica sin garantías.
El jueves 10 de septiembre estaba marcado en rojo festivo en el calendario del Tribunal Supremo. En el acto de apertura del año judicial, la ceremonia presidia por el Rey con la que se inaugura el curso en los tribunales, el Supremo congrega a la cúpula judicial en una procesión de togas con la que exhibe toda su pompa. El Palacio de las Salesas, sede del tribunal, parece haberse detenido en el tiempo. Pero este jueves, cuando jueces, fiscales, autoridades y el resto de invitados cumplían con el último acto de la agenda, el cóctel en el Salón de los Pasos Perdidos, una bomba jurídica devolvió al Tribunal Supremo a 2026. La Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) acababa de notificar los autos en los que justifica la suspensión cautelar del derecho al voto de miles de nacionalizados españoles en un “peligro fundado” de pucherazo electoral.
Al principio de la legislatura era solo una opinión de algunos sectores minoritarios del Gobierno. Con algunos movimientos, sobre todo judiciales, algunos ministros empezaban a lanzar en voz baja la idea de que había sectores importantes del llamado “Estado profundo” que estaban actuando contra el Ejecutivo. Poco a poco, después de decisiones judiciales muy polémicas, la idea se fue instalando y ya empezaron a hacerla pública abiertamente ministros como Óscar Puente y Óscar López.
Representar una esfera en un plano es un problema de pura geometría que la humanidad trata de resolver desde hace más de 2.000 años. Un mapa plano puede mostrar una o varias propiedades del territorio fielmente, como la distancia, la forma, o la dirección, pero nunca todas a la vez. Siempre habrá algún tipo de distorsión, y en el caso de la reciente resolución de la ONU, el problema de Mercator –la proyección utilizada en escuelas, libros de texto, organizaciones internacionales, e incluso en nuestro GPS– está en el tamaño de los continentes.
Caminaba por el pasillo de la prisión custodiado por policías y esposado, de las muñecas y los tobillos. Lucía melena rubia hasta los hombros, tez pálida, ojos claros. A ambos lados se veían rostros oscuros, tatuados, medias sonrisas en los gestos, olor a sudor. El que exudaban los presos más peligrosos, que se asomaban a los barrotes de sus celdas para ver al recién ingresado. Una voz entre aquella oscuridad de cuerpos se abrió paso: “Bienvenida, Shakira, aquí te vamos a encontrar novio seguro”. Risas maliciosas del resto de los reclusos. El nuevo convicto no había pasado más miedo en su vida. Debía vivir los próximos cinco años en aquella cárcel.
La cantidad y naturaleza de los avisos que hubo sobre un episodio migratorio sin parangón en España los días 30 y 31 de julio en la frontera de Ceuta han tensado el arranque del curso político. Lejos de ayudar a disipar las críticas a la gestión del Gobierno, la desclasificación de más de una treintena de documentos confidenciales que se manejaron durante esos días ha enredado la versión de lo ocurrido. El choque más visible hasta ahora se había producido entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a decir esta semana que era uno de los puntos a mejorar de esta crisis. Robles ha enterrado el hacha de guerra tras la publicación de los informes por parte del Gobierno el miércoles pasado, si bien en el Centro de Inteligencia hay malestar por un escrito enviado por La Moncloa a medios de comunicación con fuentes del CNI, y con el visto bueno de la ministra, en el que se decía que los servicios secretos no anticiparon “la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30”.
