La clase obrera se ha dividido. El trabajo ha dejado de ser el eje que articulaba la identidad y la comunidad. El sentido de pertenencia se ha desplazado hacia el consumo, el género, la edad, la raza, la nacionalidad o la orientación sexual: formas legítimas de identidad que, sin embargo, han relegado la cuestión de clase a un segundo plano. Hoy el trabajador vive en una burbuja que le impide reconocer a sus semejantes.
La Guardia Civil ha detenido este sábado a un hombre que, supuestamente, ha asesinado a su expareja en Alhaurín el Grande (Málaga, 27.552 habitantes). La mujer, de 33 años y nacionalidad británica, ha sido hallada ensangrentada en el suelo de su vivienda y junto a ella había un cuchillo, según han informado fuentes del caso, por lo que la principal hipótesis es que ha sido apuñalada. Fuentes de los servicios sanitarios del 061 han explicado que han atendido a la mujer allí mismo, pero que finalmente ha fallecido. La víctima, madre de tres hijos menores, figuraba en el sistema VioGén de vigilancia contra la violencia machista.
“La memoria tiene que ser fértil y producir hechos importantes”, dice con convicción Sara Mrad, una de las representantes de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Este colectivo nació en 1977 para buscar a los hijos y nietos apropiados durante la dictadura argentina en los años setenta. Tras casi medio siglo de intenso trabajo en el que han logrado la restitución de 140 identidades, su historia sigue cruzando fronteras para sensibilizar sobre la importancia de defender las causas sociales. Representantes de la asociación han recibido este sábado en Madrid el premio Abogados de Atocha, un reconocimiento por ser símbolo mundial de lucha por la memoria, la justicia y la reparación.
La Comunidad de Madrid ha tenido que pagar desde hace más de una década 51 millones de euros a cuatro hospitales públicos de naturaleza público-privada como consecuencia de sentencias judiciales en contra de la administración, según un informe de la Intervención regional al que accedió EL PAIS. De esta manera, los gestores de los centros de Majadahonda, Parla, Arganda del Rey y Coslada lograron que los tribunales reconocieran su derecho a obtener más dinero por mejorar la eficacia energética de sus instalaciones; anularan sanciones de la administración; o repercutieran en los pagos anuales que esta les hace tras haber construido los edificios la variación del tipo de IVA aplicable. Es solo la punta del iceberg: a finales de 2023, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tenía provisionados 62,5 millones de euros para litigios pendientes con las concesionarias, que desde inicios del siglo XXI, y hasta finales de 2024, habían interpuesto 209 recursos contencioso-administrativos.
