Si el caso Koldo se lleva algún día a la pequeña o la gran pantalla, será raro que eluda algunas escenas construidas a partir de los testimonios escuchados en la segunda semana del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. El empresario Víctor de Aldama, comisionista profesional, entrando en el Ministerio de Transportes a todas horas, con estacionamiento reservado y acceso sin preguntar a la zona restringida del ministro. El asesor ministerial Koldo García, controlándolo todo desde sus dos metros de altura, siempre al quite para colocar las mascarillas de Soluciones de Gestión en cuanto olía la necesidad de una administración de adquirir material de protección. Su expareja, Patricia Uriz, llevando la ropa de José Luis Ábalos a la tintorería, acudiendo a la sede del PSOE a recoger los reembolsos de gastos en efectivo o firmando el alquiler de una casa para que la disfrutaran el ministro y su familia.
En Ekibastuz, una ciudad industrial del norte de Kazajistán conocida por su carbón, el Gobierno está apostando 30.000 millones de dólares a una idea poco explotada: que el futuro de la inteligencia artificial dependa tanto de la geología como del software. Allí, sobre un nodo energético heredado de la era soviética, el Ejecutivo actual quiere levantar un complejo capaz de escalar hasta un gigavatio de potencia computacional —una cifra que situaría el proyecto Data Center Valley en la liga de los grandes hubs globales de datos—. Su objetivo final es atraer desde mineros de criptomonedas hasta gigantes de la inteligencia artificial.
La Janda (Cádiz), el mayor humedal de la Península Ibérica y el complejo lagunar más meridional de Europa, se ha secado tan solo un mes después del récord de precipitaciones registrado en la zona. Mientras España acumula una reserva hídrica media del 83,7% de su capacidad total y la cuenca de Guadalete-Barbate, a la que pertenece La Janda, hasta tres puntos más, las 6.125 hectáreas inundables y declaradas de dominio público en esta comarca gaditana vuelven al estado en las que las dejó la dictadura franquista cuando, con la excusa de combatir el paludismo (malaria), desecó una superficie similar a París o a 10 veces la ciudad de Cádiz para destinarla a cultivos. Lo perpetró en este enclave andaluz, Galicia (Lagoa de Antela) y Castilla y León (La Nava). En algunas zonas afectadas se han puesto en marcha incipientes procesos de restauración, pero en Andalucía, los desagües artificiales construidos durante el franquismo aún siguen abiertos y destrozando uno de los humedales más importantes de Europa para favorecer a grandes explotaciones agrícolas.
En la lista de aquellos que más han contribuido a elevar el debate sobre el cambio climático y sus implicaciones debería figurar sin duda lord Nicholas Stern (Hammersmith, 79 años). Porque este reconocido economista firmó en 2006 uno de los informes clave para que el calentamiento saliera de los laboratorios rumbo a los despachos de los Gobiernos y CEO. Es mucho más caro no actuar para frenar el cambio climático que hacerlo. Era la principal conclusión de aquel estudio que se publicó por encargo del entonces Gobierno laborista del Reino Unido. En su nuevo libro, La historia de crecimiento del siglo XXI (se puede descargar en este link), incide y desarrolla la idea de abordar esta lucha como una oportunidad. Stern atiende a EL PAÍS en un hotel junto a un Parque del Retiro de Madrid en plena ebullición primaveral. Nada bueno para su alergia. Pero ni el polen ni el bombardeo constante de malas noticias le borran su mirada optimista y divertida.
El consenso sobre que los precios del alquiler son elevados es prácticamente total en la sociedad española. La escasez de vivienda lleva tiempo provocando una feroz competencia por encontrar un techo, sobre todo en las grandes ciudades, lo que ha otorgado más poder a los propietarios para fijar precios. Ninguna medida ha logrado hasta ahora poner coto a esa situación. Uno de los últimos intentos ha sido el decreto ley para la prórroga de los precios de los alquileres, impulsado por Sumar, que prolonga hasta dos años los contratos que venzan hasta finales de 2027 y limita al 2% las actualizaciones.
En el archivo personal del criminal de guerra Vjekoslav Luburić se puede leer: “El escudo croata está compuesto de 25 campos cuadrados en cinco líneas horizontales y cinco verticales. Los cuadros son blancos y rojos alternativamente”. Desde 1976, siete años después de su asesinato, tal escudo adorna la tumba de Luburić en el cementerio de Carcaixent, a 48 kilómetros de Valencia. Hasta ahora: el Gobierno acaba de incluir este inquietante panteón en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la memoria democrática. El escudo debe ser retirado de inmediato y el lugar incorporará paneles informativos sobre las actividades del muerto: las matanzas de serbios, judíos, gitanos…en los campos de concentración de la Croacia aliada del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Maks (el carnicero) Luburić sorprendió por su determinación y violencia hasta a los jerarcas del III Reich.
Los centros de datos se han convertido en una infraestructura fundamental de la economía del siglo XXI al dar soporte al uso creciente del almacenamiento en la nube, el comercio electrónico, las redes sociales, los servicios de streaming y, muy especialmente, la inteligencia artificial. Su funcionamiento requiere de enormes cantidades de electricidad, agua y materias primas, que exigen que su desarrollo vaya acompañado de planes de eficiencia ambiental. La Unión Europea prevé triplicar la capacidad de sus centros de datos en un plazo de cinco a siete años para abrirse paso en la carrera global por la IA. Ese proceso no se está haciendo con la transparencia exigible a cualquier gran inversión en democracia.
En 1853 el francés Joseph Arthur de Gobineau publicó Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, el pilar intelectual del racismo moderno. En la primera frase de su libro dijo que “la caída de la civilización es el más destacado y, al mismo tiempo, el objeto más oscuro de todos los fenómenos históricos”. Él iba a explicarlo. Gobineau afirmó que la mezcla de razas había dado lugar a la degeneración inexorable de Occidente, uno de cuyos ejemplos más evidentes era la raza mediterránea; los germanos, por el contrario, se habían mantenido puros. Al ligar razas y civilizaciones, este autor dio un nuevo y terrible impulso a un tema con una trayectoria muy larga.
La democracia española supuso una toma de conciencia del valor decisivo de una justicia independiente. La decisión sobre los delitos y las penas no puede someterse a los intereses de un Gobierno con la cárcel a su servicio. Pero la democracia, cuando se pone delante del espejo, necesita mirarse a los ojos, comprender el carácter y el tiempo de sus arrugas. La justicia no sólo debe ser independiente de un Gobierno, sino de todos los intereses que viven y reviven en una sociedad. Hay jueces que son muy dependientes de los que necesitan atacar al Gobierno para establecer un orden distinto. Así que no se trata sólo de asegurar una justicia independiente del Gobierno, sino de asegurarse de que una administración judicial no juegue con las leyes, los procedimientos y los tiempos según la vanidad, la falta de ética o las dependencias de un juez. Más que con las dependencias del Gobierno, los problemas de la justicia española tienen que ver con un poder judicial que se ha demostrado incapaz de vigilar la ética de algunos de sus jueces.