Si el caso Koldo se lleva algún día a la pequeña o la gran pantalla, será raro que eluda algunas escenas construidas a partir de los testimonios escuchados en la segunda semana del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. El empresario Víctor de Aldama, comisionista profesional, entrando en el Ministerio de Transportes a todas horas, con estacionamiento reservado y acceso sin preguntar a la zona restringida del ministro. El asesor ministerial Koldo García, controlándolo todo desde sus dos metros de altura, siempre al quite para colocar las mascarillas de Soluciones de Gestión en cuanto olía la necesidad de una administración de adquirir material de protección. Su expareja, Patricia Uriz, llevando la ropa de José Luis Ábalos a la tintorería, acudiendo a la sede del PSOE a recoger los reembolsos de gastos en efectivo o firmando el alquiler de una casa para que la disfrutaran el ministro y su familia.
En Ekibastuz, una ciudad industrial del norte de Kazajistán conocida por su carbón, el Gobierno está apostando 30.000 millones de dólares a una idea poco explotada: que el futuro de la inteligencia artificial dependa tanto de la geología como del software. Allí, sobre un nodo energético heredado de la era soviética, el Ejecutivo actual quiere levantar un complejo capaz de escalar hasta un gigavatio de potencia computacional —una cifra que situaría el proyecto Data Center Valley en la liga de los grandes hubs globales de datos—. Su objetivo final es atraer desde mineros de criptomonedas hasta gigantes de la inteligencia artificial.
La Janda (Cádiz), el mayor humedal de la Península Ibérica y el complejo lagunar más meridional de Europa, se ha secado tan solo un mes después del récord de precipitaciones registrado en la zona. Mientras España acumula una reserva hídrica media del 83,7% de su capacidad total y la cuenca de Guadalete-Barbate, a la que pertenece La Janda, hasta tres puntos más, las 6.125 hectáreas inundables y declaradas de dominio público en esta comarca gaditana vuelven al estado en las que las dejó la dictadura franquista cuando, con la excusa de combatir el paludismo (malaria), desecó una superficie similar a París o a 10 veces la ciudad de Cádiz para destinarla a cultivos. Lo perpetró en este enclave andaluz, Galicia (Lagoa de Antela) y Castilla y León (La Nava). En algunas zonas afectadas se han puesto en marcha incipientes procesos de restauración, pero en Andalucía, los desagües artificiales construidos durante el franquismo aún siguen abiertos y destrozando uno de los humedales más importantes de Europa para favorecer a grandes explotaciones agrícolas.
En la lista de aquellos que más han contribuido a elevar el debate sobre el cambio climático y sus implicaciones debería figurar sin duda lord Nicholas Stern (Hammersmith, 79 años). Porque este reconocido economista firmó en 2006 uno de los informes clave para que el calentamiento saliera de los laboratorios rumbo a los despachos de los Gobiernos y CEO. Es mucho más caro no actuar para frenar el cambio climático que hacerlo. Era la principal conclusión de aquel estudio que se publicó por encargo del entonces Gobierno laborista del Reino Unido. En su nuevo libro, La historia de crecimiento del siglo XXI (se puede descargar en este link), incide y desarrolla la idea de abordar esta lucha como una oportunidad. Stern atiende a EL PAÍS en un hotel junto a un Parque del Retiro de Madrid en plena ebullición primaveral. Nada bueno para su alergia. Pero ni el polen ni el bombardeo constante de malas noticias le borran su mirada optimista y divertida.
El consenso sobre que los precios del alquiler son elevados es prácticamente total en la sociedad española. La escasez de vivienda lleva tiempo provocando una feroz competencia por encontrar un techo, sobre todo en las grandes ciudades, lo que ha otorgado más poder a los propietarios para fijar precios. Ninguna medida ha logrado hasta ahora poner coto a esa situación. Uno de los últimos intentos ha sido el decreto ley para la prórroga de los precios de los alquileres, impulsado por Sumar, que prolonga hasta dos años los contratos que venzan hasta finales de 2027 y limita al 2% las actualizaciones.
En su temeraria concepción de las relaciones internacionales, que considera la guerra como una herramienta de negociación y no como el último recurso, el lenguaje amenazante como una fase obligatoria en cualquier diálogo, la historia como una anécdota y la verdad apenas como una opción más sobre la mesa, pocas personalidades mundiales quedaban en teoría fuera del destructivo radio de acción dialéctico de Donald Trump. Pero los sorprendentes, reiterados e injustificados ataques lanzados contra el papa León XIV demuestran, una vez más, que es un personaje sin límites que tampoco tolera competencia en el ámbito de la infalibilidad.
Arabia Saudí ha invocado el Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua (SMDA por sus siglas en inglés) ratificado con Islamabad en septiembre del año pasado, y en consecuencia un contingente de 13.000 soldados y aviones cazas paquistaníes han llegado al Golfo Pérsico, estacionados a 60 kilómetros del terminal petrolífero de Ras Tanura, dentro del radio de alcance de los misiles iraníes. Es el primer despliegue bajo el nuevo pacto, y sitúa a Pakistán en el centro de la crisis.
La democracia española supuso una toma de conciencia del valor decisivo de una justicia independiente. La decisión sobre los delitos y las penas no puede someterse a los intereses de un Gobierno con la cárcel a su servicio. Pero la democracia, cuando se pone delante del espejo, necesita mirarse a los ojos, comprender el carácter y el tiempo de sus arrugas. La justicia no sólo debe ser independiente de un Gobierno, sino de todos los intereses que viven y reviven en una sociedad. Hay jueces que son muy dependientes de los que necesitan atacar al Gobierno para establecer un orden distinto. Así que no se trata sólo de asegurar una justicia independiente del Gobierno, sino de asegurarse de que una administración judicial no juegue con las leyes, los procedimientos y los tiempos según la vanidad, la falta de ética o las dependencias de un juez. Más que con las dependencias del Gobierno, los problemas de la justicia española tienen que ver con un poder judicial que se ha demostrado incapaz de vigilar la ética de algunos de sus jueces.
La furia en redes sociales por el sacrificio de 10.000 perros entre 2019 y 2024 en una ciudad del Estado de México, Tecámac, ha logrado colarse en la rueda de prensa diaria de la presidenta del país, ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía por maltrato animal y ha puesto a una senadora del partido del Gobierno, Mariela Gutiérrez Escalante, ante una acusación que se castiga con hasta seis años de prisión. Mataperros es lo más suave que le han llamado en redes.
